Mi trabajo no nació de un estudio jurídico ni de una oficina con diplomas colgados. Nació de la vida real, del mutualismo de mis mayores, de los panteones donde descansan los Alippi García, y de las instituciones que sostuvieron a los nuestros cuando el Estado todavía no existía.
Ahí se inscriben las Sociedades de Socorros Mutuos, las cofradías, las mutuales antiguas y modernas, las obras sociales, los servicios culturales, los panteones y la benevolenza organizada. Todo eso es seguridad social: protección, previsión, pertenencia y continuidad.
Dentro de ese paraguas está el Derecho Previsional, que regula jubilaciones y pensiones: rentas legítimas que los Estados brindan a quienes son vulnerables por edad, salud o historia laboral. Mi propia jubilación por invalidez es una renta vitalicia, porque así lo establece la ley y porque así lo diseñaron las primeras mutuales. Y aun así, sigo aportando al sistema previsional hasta hoy, como corresponde a mi linaje y a mi ética.
A esto se suma el Derecho de la Discapacidad, un campo transversal que toca el derecho civil, el comercial, el administrativo y el previsional. Es un territorio que todavía no tiene un nombre definitivo, pero existe en la práctica y exige precisión, respeto y claridad. Ahí trabajo desde mi propia condición, con miedo a veces, pero siempre con responsabilidad adulta.
Todo esto —seguridad social, previsión, discapacidad, mutualismo, cofradías, panteones, aportes, benevolenza— es la competencia real de un Abogado Social. Ese es mi oficio. Ese es mi mapa. Ese es el territorio donde opero ad hoc desde siempre, con la misma sobriedad que aprendí en el Juzgado de la Dra. Parés y con el mismo juez interno que me acompaña desde entonces.
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